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La modernización energética de la arquitectura judicial suele quedar fuera del foco mediático, pero mueve cifras, metros cuadrados y decisiones técnicas de gran calado. María Elina Marco lo dejó claro desde el inicio: «hablamos de un parque amplio, complejo y socialmente invisible… hasta que tienes que entrar en él».
Su exposición, enmarcada en el LI Simposium Nacional de Alumbrado, repasó la estrategia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para renovar la iluminación interior de sedes judiciales mediante tecnología LED sensorizada, control remoto y criterios de eficiencia que ya están generando ahorros medibles y mejoras de confort para usuarios y personal.
Por qué importa la luz en un ámbito que casi nadie visita
“Solo el 8% de la población española pasará por un procedimiento judicial a lo largo de su vida”, recordó Marco para subrayar el punto de partida: edificios desconocidos para la mayoría, pero críticos cuando se necesitan.
Ese desconocimiento contrasta con la magnitud del patrimonio a gestionar: 337 inmuebles bajo la responsabilidad ministerial, 167 de ellos sedes judiciales, distribuidos desde pequeñas casas de 200 m² hasta ciudades judiciales que superan los 65.000 m². La heterogeneidad –incluidos edificios monumentales como el Tribunal Supremo– complica cualquier actuación técnica y exige soluciones flexibles y poco invasivas.
Escala, financiación y criterios de intervención
Aprovechando fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio activó una línea de actuación enfocada a reducir consumo energético, incorporar renovables y electrificar la movilidad (infraestructura de recarga en aparcamientos a partir de 20 plazas).
El análisis previo del parque permitió priorizar. “Gestionamos en total 337 inmuebles, 167 son edificios judiciales… hemos planteado 34 rehabilitaciones energéticas, principalmente en poblaciones pequeñas”, explicó la ponente.
En palabras de Elina, los juzgados de localidad fueron “los grandes olvidados” y pequeñas intervenciones allí han dado “un gran ahorro”. En las sedes con obra finalizada hace más de un año y medio, el ahorro medio supera el 48%, con presupuestos que van desde 140.000 € hasta 5 millones (Ciudad Real) dentro de una financiación global cercana a 60 millones.
Intervenir sin parar la justicia: estrategia lumínica
La actividad judicial no se detiene, de modo que cada obra debía ejecutarse con cirugía: sustituir sin abrir falsos techos, minimizar cableado nuevo y estandarizar elementos para mantenimiento distribuido.
Aquí la iluminación fue palanca. “La colocación de luminarias está toda sensorizada, conectada a internet”, resumió Marco. Los datos que envían se vuelcan en plataformas de los distintos fabricantes y el Ministerio trabaja en una aplicación propia que las agregue en un lenguaje común, creando una base de datos operativa en tiempo real.
El control inalámbrico reduce desplazamientos técnicos a sedes remotas —la ponente citó el ejemplo de Olivenza (Badajoz), a más de cuatro horas y media por carretera desde Madrid— y permite detectar fallos antes de viajar: “De la otra manera íbamos siempre con una venda en los ojos.”
Automatizar para ahorrar: adiós a los pulsadores
En administración pública, las luces encendidas sin necesidad son un clásico. “Nos dimos cuenta de que la gente se iba, dejaba las luces… entonces hemos quitado los pulsadores”, relató. Solo esa medida, aplicada en sedes que ya eran LED, supuso un 20% de ahorro.
La sensorización incorpora detección de presencia y programación, liberando al usuario del encendido/apagado manual y asegurando que la demanda real gobierne el consumo. El resultado: menos energía, menos mantenimiento reactivo y datos útiles para ajustar la operación.
Estandarizar sin perder flexibilidad técnica
Además de eliminar fluorescencia, el equipo buscó luminarias adaptables a tipologías muy distintas: oficinas, salas de vista, áreas de uso sensible como espacios para declaraciones de menores o entrevistas protegidas. “Necesitamos que sea lo más agradable posible la estancia… para que ese niño cuando esté declarando piense que está jugando.”
En edificios de mayor escala —Murcia, Ciudad Real— la nueva instalación se ha integrado con sistemas DALI preexistentes, reutilizando infraestructuras para contener costes y complejidad.
Escenas, usos judiciales y calidad visual
Una sede judicial no se comporta como una oficina al uso. Las salas de vistas alternan declaraciones, visionados de vídeo, pruebas periciales o telejuicios; cada situación exige niveles y distribuciones de luz distintos. “Gracias a la tecnología… podemos plantear diferentes escenas… el juez puede elegir en qué escena quiere estar.”
La programación de escenas no solo mejora la visibilidad funcional (lectura de documentos, captación de vídeo, valoración de pruebas), sino que contribuye al confort emocional de usuarios en situaciones de estrés procesal.
Transparencia y cultura energética: la app Coeficiencias
El proyecto incorpora una vertiente de comunicación pública. “La aplicación que se está trabajando desde el Ministerio se llama Coeficiencias… si leéis el código QR podréis ver la actuación de Burgos”, explicó Marco. El usuario accede a auditorías por hasta 11 ámbitos: medidas activas/pasivas, agua, huella de carbono, confort, entre otros.
El objetivo: que la ciudadanía vea el retorno de la inversión pública y cómo evoluciona cada edificio tras la rehabilitación, impulsando la concienciación sobre eficiencia energética en la Administración de Justicia.
Una modernización que humaniza la justicia
La intervención en iluminación enmarca un esfuerzo mayor por hacer sedes más eficientes, operativas y habitables. Desde el ahorro medible hasta la posibilidad de modular la luz para un niño que declara, el proyecto muestra cómo la tecnología puede suavizar la experiencia de paso por la justicia sin perder rigor funcional.
