No hay productos en el carrito.
Marta Diego Herbosa
EnergyTAS Técnicos en Alumbrado Sostenible
Durante los últimos 30 años el alumbrado público ha experimentado cambios significativos para mejorar la iluminación en las calles y el bienestar de los ciudadanos. Se destacan avances como los sistemas de regulación permitiendo ahorrar hasta un 80% de energía eléctrica, las lámparas de halogenuros metálicos como una gran solución para quitar el amarillento de las ciudades y hacerlas más confortables visual y lumínicamente.
En el 2011 irrumpieron los led, lo que más preocupaba entonces era verificar los ahorros y la garantía de las luminarias. Ya que el éxito de todo eso conlleva a eliminar el 100% de la tecnología lumínica que hasta entonces existía, vapor de sodio, halogenuros metálicos, etc. La duración y la capacidad lumínica que tenía aquel material llevo bastante tiempo mejorarlo, ya que se convirtió en un producto de negocio mas que en producto de necesidad muchas ingenierías y empresas se dedicaron a venderlo como la gran novedad, y hubo mucho caos al respecto. Destacando inventos como las famosas ‘bombillitas de led’. Con el paso de los años aquel caos lumínico de pueblos que cambiaban luminarias y a la semana se rompían se frenó drásticamente. Salvo alguna operación puntual eso ya no ocurre, el mercado oportunista que surgió en aquel entonces desapareció, gracias a los certificados que el CEI junto con el IDAE elaboraron para garantizar que las luminarias que se implantaban en el municipio fueran de una calidad medio-alta, la misma que los fabricantes ofertaban en sus productos.
Hoy en día, en el alumbrado público se da la máxima importancia a la luz, aspectos como fotometría, temperatura, contaminación lumínica, seguridad vial, etc pero se nos escapa algo sumamente importante.
Las instalaciones están añejas. Lo que está detrás de las luminarias, como son las líneas y toda la paramenta que hay en los cuadros está obsoleta. Prácticamente no se ha invertido nada en las infraestructuras del alumbrado público, no ha habido ningún tipo de actividad comercialmente hablando. Tan solo podemos destacar el cambio de células fotoeléctricas a relojes astronómicos para controlar el encendido y apagado en los cuadros de mando, y los sistemas de telegestión fomentados en su día por nuestra empresa como elemento crucial para tener un control sobre el consumo y consecuentemente posibles incidencias o averías.
De acuerdo con un estudio exhaustivo llevado a cabo por nuestra empresa, hemos identificado un preocupante incremento en el coste promedio por punto de luz en los últimos cuatro años. Este coste abarca todos los elementos necesarios para la renovación de una luminaria antigua por una de tecnología led, incluyendo la luminaria en sí, su correspondiente paramenta, la mano de obra, el cuadro eléctrico, las líneas y demás componentes esenciales.
En los últimos 4 años, el coste medio por punto de luz ha experimentado un alza significativa, pasando de oscilar entre doscientos cincuenta y trescientos euros a la actual cifra de seiscientos euros. Este aumento es el reflejo de la mala situacion de las líneas y cuadros eléctricos.
Este incremento sustancial plantea serias interrogantes sobre la viabilidad de futuras iniciativas en este ámbito. La necesidad de entender y abordar las causas de este aumento drástico se vuelve imperativa para garantizar una gestión eficiente y responsable de los recursos en el sector de la iluminación urbana.
Nos estamos encontrando cuadros totalmente fuera de normativa y nadie está exigiendo a los ayuntamientos el cumplimiento del Ministerio de Industria. Entre el conjunto de todos nuestros clientes no hay ningún municipio que tenga el 100% de las OCAs favorables, no nos referimos a las ocas de menos de 5kw que se deberían de exigir, sino las de más de 5 kw. Podríamos decir que el 80% de todos esos municipios ni se han molestado en pasar una inspección. ¿Qué hace industria? ¿qué inspecciones esta haciendo el Ministerio de Industria? ¿tienen que ser las ingenierías las que denuncien a nuestros clientes para que el ministerio vaya a ver esos cuadros y así exija a los ayuntamientos poner todo en orden?
El 80% de todos nuestros cuadros tienen los diferenciales puenteados y eso lo sabemos las personas que trabajamos en el sector de la iluminación y lo saben muchos ayuntamientos, y todos sabemos lo que significa un diferencial puenteado: incidencias, averías que no se detectan y desgracias. Significa que aunque cambiemos la instalación que tenemos, ahora nuestros vecinos están contentos con la nueva iluminación, contentos porque se están diseñando proyectos de alumbrado público enfocados a ellos. Una instalación en malas condiciones significa que cada vez que llueve se apaga medio pueblo, el responsable llama al mantenedor, éste viene rearma al cuadro y ya está solucionado. Nuestro estudio desvela que donde antes había que tocar un 5% en líneas eléctricas ahora es necesario cambiar un 20% como poco. Lo mismo ocurre con las tomas de tierra de las luminarias y de los cuadros, que están en malas condiciones o son inexistentes. La normativa menciona que en la actuación de alumbrado público se debe cumplir lo que marca en el reglamento en el momento de actuar. Pero como no se actúa no se cumple y no hay nadie que lo exija.
La situación del alumbrado público en España plantea un serio problema en términos de seguridad ciudadana, y esta exposición no pretende ser solo una ponencia, sino una denuncia sobre el estado actual de este aspecto crucial. Nos encontramos frente a obstáculos significativos al intentar implementar proyectos de iluminación, con un costo promedio de 350 euros por punto de luz. Lamentablemente, estos proyectos se ven afectados de dos maneras alarmantes.
En primer lugar, la ejecución de los proyectos a menudo queda inconclusa, con la sustitución de todas las luminarias pero dejando aspectos fundamentales a medio camino como por ejemplo las tomas de tierra sin poner. Este escenario genera una falta de coherencia y eficacia en la mejora del alumbrado público.
En segundo lugar, los problemas surgen durante las fases finales de las obras, ya que la recepción de los proyectos se vuelve problemática debido a que no cumplen con la normativa. Pero este incumplimiento no solo pone en peligro la finalización de las obras, sino que también representa un riesgo potencial para la seguridad de los ciudadanos.
Este estudio y ponencia busca poner de manifiesto la urgente necesidad de abordar y resolver estos problemas en el sistema de alumbrado público español, con el fin de garantizar un entorno más seguro y eficiente para todos los ciudadanos.
